Siguiendo la senda de Andalucía, el País Vasco no permitirá el envío de expedientes a Rusia por protocolo público. El futuro de esta vía se analizará próximamente en una reunión de los responsables de las diferentes comunidades autónomas.
El pasado mes de octubre se desmanteló en nuestro país una red que realizaba adopciones ilegales en Rusia. Se habló entonces de más de 200 expedientes implicados, aunque lo más probable es que en solo una parte de ellos se cometieran irregularidades.
Aún así, se trataba de un escándalo en toda regla, que incluía la elaboración de falsos certificados de idoneidad adecuados a las características que deseaban los adoptantes para conseguir adoptar a un niño ruso.
De forma fulgurante, la Junta de Andalucía decidió suspender el envío de expedientes para adoptar en Rusia por protocolo público y permitir sólo los procesos tramitados a través de Ecai. Las diputaciones forales de Alava, Bizkaia y Gipuzcoa han anunciado que se suman a esta medida, al igual que ya hicieran otras comunidades como Valencia y Murcia.
En la próxima reunión de coordinación entre los responsables de las adopciones en las distintas comunidades autónomas, se analizará y se tomará una decisión sobre el futuro de las adopciones en Rusia por protocolo público, también llamadas “adopciones por libre”.
ASFARU, la asociación de familias adoptantes en Rusia, insiste en que el sistema jurídico ruso es fuerte aunque complejo. Una vez los expedientes son recibidos por las autoridades de la región donde se desea adoptar, el proceso que siguen en Rusia es idéntico tanto si se tramita a través de una Ecai como si no.
El emparejamiento entre familias y menores es responsabilidad de las oficinas regionales del ministerio de educación ruso. El punto débil del proceso estaría en la aparición de intermediarios que intervendrían antes de que la documentación de los adoptantes llegue a manos de las autoridades rusas.
Algunas familias que deciden adoptar en Rusia por protocolo público recurren a gabinetes que se presentan como especialistas en adopción para confeccionar sus expedientes. En una primera fase, éstos les ayudan a preparar la documentación y legalizarla, lo que en principio sería una labor de gestoría no excluída por la Ley de Adopción Internacional. El tema se complica cuando se pone a los adoptantes en contacto con un “representante”en Rusia.
La labor de estos representantes es poco clara pero sus honorarios son sorprendentemente altos. En demasiadas ocasiones, las familias se encuentran con que se les exige nuevas cantidades de dinero poco justificadas para sortear las dificultades del proceso.
El descubrimiento de la red de adopciones ilegales dirigida por Olga Zubakova fue la gota que colmó el vaso, y que ha llevado a las adminsitraciones a cuestionar las garantías del protocolo público para las adopciones en la Federación Rusa..
Desde ASFARU, defienden que la tramitación por protocolo público es un derecho, y que podría hacerse con garantías si fuera la propia administración la que enviara los expedientes al gobierno ruso.
De este modo, la documentación pasaría directamente de una autoridad a otra, lo que permitiría su tramitación con todas las garantías y sin lugar para intermediarios incontrolables.
