A la hora de elegir país, una de las mayores preocupaciones de los padres es que los procesos ofrezcan garantías éticas y legales.
La publicación de algunos casos escandalosos de adopciones irregulares nos ha puesto de frente ante una realidad incómoda: algunos intermediarios sin escrúpulos han visto un negocio en el desequilibrio entre las solicitudes de adopción de niños pequeños y sanos y el número de menores adoptables.
Los países que han ratificado el Convenio de la Haya ofrecen mayores garantías, ya que esta ley obliga a los estados a garantizar la adoptabilidad del menor y la transparencia de los procesos. En la página web oficial puedes consultar el listado completo de países adheridos al Convenio.
Aunque no hayan ratificado el Convenio de la Haya, los países en los que es la propia administración la que se encarga de gestionar y comprobar la adoptabilidad de los niños y de asignarlos a las familias solicitantes ofrecen mayores garantías.
Cuando estas responsabilidades quedan en manos de los mismos intermediarios que gestionan la adopción, es más fácil que aparezcan desaprensivos que traten de aprovecharse de la situación. Si los gastos locales en el país de origen son escandalosamente altos para su nivel económico, podemos sospechar que alguien se está lucrando indebidamente. Y, cuando eso ocurre, es fácil que haya quien esté dispuesto a pasar por encima de la ley y los derechos de los niños y sus familias.
